Libertad de expresión en la Universidad de Puerto Rico
[Columna escrita en 1965, de la serie NILITA DOSSIER].
Desde hace algunos años los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico carecen del derecho a la libertad de expresión. En el estudio que preparó en 1958 para el Comité de Derechos Civiles Pedro Muñoz Amato1 se recomienda la derogación del capítulo del Reglamento que no permite a los estudiantes celebrar actividades políticas dentro del recinto universitario. “Si la Universidad —concluye— ha de fortalecer los espíritus con dignidad y libertad, necesita aumentar radicalmente su liberalismo en el trato de los estudiantes… Así como es una obligación ineludible de la Universidad el capacitar a sus estudiantes en el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, debe prepararles para la participación en las actividades políticas, que es importantísima en la vida humana”.
La reciente negativa de las autoridades universitarias a conceder a un grupo de profesores el uso de una sala para celebrar un maratón educativo —teach-in— demuestra que ahora tampoco tienen libertad de expresión los profesores. Según el Rector la organización, por un grupo de profesores, de un acto para censurar la política de Estados Unidos en Vietnam “implicaría la conversión de los salones libres universitarios en tribunas expeditas a los múltiples partidismos vigentes en nuestro claustro, en nuestro estudiantado y también en los demás miembros de la Universidad, con gran menoscabo de las funciones propias de este recinto”.2
Por estos fundamentos delegó la solución del asunto en el señor David M. Helfeld, Decano de la Facultad de Derecho. Helfeld informó a los interesados que, a pesar de lo mucho que la necesita, la Universidad no tiene “una política clara” en cuanto a la discusión de temas políticos, y que como “una decisión ad hoc no sería juiciosa” recomendaba la posposición del teach-in hasta que la Junta Universitaria, el Senado Académico y el Consejo Superior de Enseñanza dictaminaran sobre la materia.3 Esta decisión, que equivale a una negativa por el procedimiento dilatorio que recomienda, obligó a los profesores a celebrar el acto en la acera que queda frente a la entrada principal de la Universidad para poder hacer uso del derecho a la libertad de expresión. Días después el Senado Académico, por mayoría, aprobó una moción censurando la conducta de los profesores que participaron en el teach-in.
La actuación de las autoridades universitarias revela, una vez más, que usan el término “casa de estudios” —con que pretenden definir la función de la institución— para entorpecer la discusión libre de los problemas controversiales del momento; para evitar que la Universidad participe, en forma activa y rectora, en la vida de la sociedad que la creó y que la sustenta. “Casa de estudios”, según el limitado concepto que del término tienen sus dirigentes, no significa estimular la curiosidad de los profesores y los estudiantes por los acontecimientos del presente, ni incitarles a que hagan uso de su saber y su talento para ayudar a resolverlos.
El proceder de los dirigentes universitarios delata que su ideal no es formar hombres libres sino conformistas; es no tener profesores que den ejemplo de democracia viva; es tener estudiantes que no se atrevan a preguntar y profesores que no puedan contestar; es alentar una comunidad que se ocupe sólo de la historia pasada y mire con recelo la discusión libre de la historia que estamos hoy haciendo.
El saber universitario no cumple su función cuando no se aplica a la vida cotidiana. El saber que enseña debe ser un saber vivo, con honda conciencia de la responsabilidad de la inteligencia. Reducir la Universidad a un recinto desde donde se contemplan olímpicamente los problemas que dan sentido a la vida, por los que luchan y mueren los hombres, sin hacer nada para ayudar a esclarecerlos, equivale a despojarla de su función esencial en una democracia. Los dirigentes universitarios citan mucho a Ortega pero no ponen en práctica sus palabras en cuanto a la misión de la universidad: “La Universidad tiene que estar también abierta a la plena actualidad; tiene que estar en medio de ella, sumergida en ella”.4
Los comentarios de la prensa delatan, en general, ignorancia de los propósitos del teach-in —que nació como un movimiento de protesta de trece profesores en la Universidad de Michigan y se ha celebrado ya en unas sesenta universidades de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra—, temor a la libre expresión de las ideas, intolerancia con los inconformes y disidentes. Veamos algunos: “explotación de la inconformidad y el resentimiento de otros orígenes” (El Imparcial); “la subversión disfrazada.., no es otra cosa que una tribu de tontos útiles al comunismo internacional” (El Día); “profesores que prefieren la destrucción a la reforma, la confusión a la verdad, la anarquía al orden” (Santín, El Mundo); “cobardía y frustración” (R. Benítez Rexach, El Mundo). Estos comentarios acusan un falso concepto de la democracia, régimen que para perdurar tiene que vivir en riesgo continuo ya que su naturaleza exige respeto al pensar y al sentir de las minorías.
La reacción de la prensa apoyando —con contadísimas excepciones— el criterio de las autoridades universitarias, pone de manifiesto que la democracia auténtica atraviesa una grave crisis en Puerto Rico. Cada día tememos más a las ideas que impliquen algún cambio o pongan en tela de juicio el sentir de la mayoría, y miramos con mayor recelo a los inconformes y los disidentes. Democracia significa ahora conformismo o guardar silencio cuando no se está de acuerdo con la mayoría. El disidente se ve como un traidor. Cada vez es mayor la distancia entre la teoría y la práctica de la democracia.
IC, Tomo V, p. 198–200
30 de octubre de 1965
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- El derecho a la educación y la libertad académica. Revista del Colegio de Abogados, mayo 1964. [↩]
- Carta del 5 de octubre, 1965, a los profesores Lewis y Fromm. [↩]
- Carta del 7 de octubre, 1965, al profesor Lewis. [↩]
- Nota de los editores: NVG cita de “Misión de la Universidad¨, texto de José Ortega y Gasset publicado en 1930. [↩]