“Un camino para todos” y la asamblea de status
Además del proyecto del PIP, el legislador Luis Vega Ramos del PPD presentó su legislación, así como el Colegio de Abogados. El PNP no ha presentado proyecto alguno y nada en la tabla del resultado del pasado plebiscito. La propuesta del PIP, como las otras propuestas, y las nuevas que se vayan presentando, se irán esclareciendo según transcurran los eventos. Sirva el presente escrito como una humilde aportación de ideas de un patriota interesado en que las cosas nos vayan bien en nuestra lucha por la independencia.
Precisamente renglones estratégicos y elementos vitales tácticos y procesales son esenciales conversarlos hasta la saciedad en el patriotismo para llegar a consensos y acomodos que no nos cancelen unos a otros. Asuntos medulares de estrategia y táctica que puedan servir de guía y luz a la más que centenaria lucha por nuestra independencia nacional.
Coincido con muchos aspectos de la propuesta procesal de Asamblea de Status sugerida por Rubén y el PIP. No obstante, abundo un poco más en cuanto al aspecto de la coyuntura económico social actual, y a la luz de la fragmentación política actualmente existente, discuto varios posibles escenarios en cuanto a la agenda de la Asamblea de Status, esfuerzos previos a realizar para intentar insertar a todas las corrientes políticas, viejas y nuevas, que promuevan cambios en el pensamiento político colectivo, para en el proceso facilitar el desarrollo de fórmulas soberanistas; y luego un plebiscito en el que compitan todas las fórmulas no territoriales ni coloniales según definidas por los diversos componentes ideológicos en que se fraccione la Asamblea de Status.
Las fuentes de autoridad utilizadas por Rubén para sustentar su argumentación no pueden ser más impresionantes: ideas del insigne maestro y apóstol Don Pedro Albizu Campos, así como del precursor eminente de nuestro pueblo Don Gilberto Concepción de Gracia.
Indica que Don Pedro profetizó la ruta al sentenciar que «está sobre el tapete la suprema definición: yanquis o puertorriqueños». Frase sublime y profunda. Pero como todo fenómeno lingüístico discursivo, es fenómeno humano, determinado en un contexto histórico concreto, e inter relacionado con los aconteceres del momento en que se pronunció, tanto nacional como internacionalmente. Albizu habló el lenguaje de su época, con su prédica y sacrificio sublime estableció cánones éticos y políticos ejemplares y heroicos. A cada generación corresponde estudiar y venerar esos legados, acoger sus principios y valores fundamentales en cuanto sean aplicables, pero así también corresponde a la generación del presente hablar el lenguaje de nuestra época, que no es otra cosa que conocer la historia y la tradición como fundamento, pero sobre todo atisbar los fenómenos y coyunturas del presente para ir resolviendo los problemas y controversias pertinentes con creatividad y tesón, con el fin de conseguir el mejor porvenir de la nación.
No podemos asumir la frase de Albizu de una manera que presente el riesgo de evadir el acontecer de la realidad tal cual es y cargue más su peso al mundo de las ideas, más al asunto de lo que debieran ser las cosas que lo que las cosas son. Desde los dramaturgos griegos Esquilo, Sófocles y Eurípides el pensamiento humano ha tenido esas dos grandes tendencias, la corriente idealista representada en las obras de los primeros dos, que reflejaban a los hombres y el mundo como debían ser, mientras que Eurípides, hijo de una verdurera y un tabernero, reflejaba a sus personaje y ssu entorno como en realidad eran. Desde entonces ha habido muchos grandes idealistas y materialistas, incluidos los históricos.
En el asunto de definir una línea estratégica patriótica no se escapan los deseos de las mentes más preclaras de como las cosas deberían ser, pero la realidad-característica de una formación nacional es tan imponente y violenta que dictamina y hace trizas los deseos más puros y genuinos fruto del más noble idealismo.
El análisis que propone Rubén parte de las siguientes premisas: desde 1967 «existía latente y con enorme potencialidad el respeto propio y el instinto de preservación de nuestra nacionalidad, y que, al verse amenazada por el auge asimilista, tarde o temprano, muchos populares puertorriqueñistas se sumarían a las fuerzas defensoras de la soberanía nacional.» «Ese proceso- concluíamos- traería como secuela ‘la polarización de fuerzas que tarde o temprano habrá de surgir en Puerto Rico’: de un lado los que nos sentimos puertorriqueños ante todo, y del otro, los que se sienten norteamericanos antes que puertorriqueños. Esa polarización aceleraría el advenimiento de la independencia. Hasta hoy esa ha sido piedra angular de nuestra estrategia.»
A renglón seguido expresa Rubén: «Nadie puede prever paso por paso la fase final del proceso de polarización, pero que se dará no hay duda. Lo exige nuestra realidad socioeconómica; lo demanda la nueva situación internacional, particularmente en América Latina, y hoy lo respaldan en el gobierno norteamericano importantísimos participantes.»
Propone como solución procesal a la cuestión sustantiva de la plena soberanía, una Asamblea de Status, combinada con un plebiscito. Propone la elección de una Asamblea compuesta por delegados de las diversas corrientes no territoriales ni coloniales en proporción a los votos recibidos. Los delegados se reunirán en comisiones según sus preferencias para cada sector definir su correspondiente opción, opciones que deben ser no territoriales ni coloniales. Y entonces la Asamblea como cuerpo le requerirá al gobierno de EU que conteste cuál de estas opciones y bajo qué condiciones son viables para ellos lo cual, según Rubén, será una fuerza de presión a la metrópolis sin precedentes. Luego, las opciones de Status no territoriales ni coloniales serán sometidas al pueblo en un plebiscito o consulta, para que nuestro pueblo decida finalmente su destino. Esa es en esencia la legislación del PIP.
Es innegable que Puerto Rico es una nación muy singular. Invadida hace 115 años y hace 96 se le impuso a los puertorriqueños la ciudadanía americana. Eso no le ocurrió a los otros territorios al cabo de la Guerra Hispanoamericana; ni a los cubanos, a los que se les reconoció una independencia pelele sujeta a la intervención militar yanqui mediante la Enmienda Platt, ni a los filipinos, a quienes al cabo de varios años les reconocieron su independencia. La represión seguida con los procesos sociales latinoamericanos por el imperialismo norteamericano y las dictaduras y oligarquías en las diversas épocas, con énfasis en las décadas del 30, 50, 60, 70 y 80, tuvo sus particulares variantes en Puerto Rico con la persecución, matanza y encarcelamiento del nacionalismo a partir de la década del 30 al 50 y la persecución, asesinatos, encarcelamientos del patriotismo y socialismo en las décadas de los 60, 70 (Cointelpro) y 80, con la dirección y participación de las agencias represivas norteamericanas.
Pero distinto a los países hermanos latinoamericanos, los puertorriqueños, por virtud de la ciudadanía americana impuesta, emigraron y continúan emigrando, sin grandes costos ni dificultades como las de los “mojados” latinoamericanos, en inmensos contingentes, en diversas épocas. Y en estos momentos son bandadas de boricuas jóvenes los que abandonan nuestra tierra. Como resultado de ese proceso migratorio se marchan más de 3,000 boricuas, mayormente jóvenes, cada mes. Y el resultado es que hay más de cinco millones de boricuas en EU y tal vez 3.5 millones –y bajando con merma en la natalidad y envejecimiento acelerado– en la Isla. Y esos que se han quedado, los acompañan muchos inmigrantes hermanos latinoamericanos. Ejemplo de los boricuas de la diáspora que aman más su tierra, aunque no hable español, es el púgil Danny García, que nos visitó en estos días para bautizarse con el agua bendita de nuestra tierra. No habla español, pero quiere más a Puerto Rico que un pitiyanqui como el alcalde O’Neil de Guaynabo que no sabe pizca de inglés, aunque coloca frases en vehículos y propiedades públicas como «Guaynabo City».
Unido a lo anterior, existen unos fenómenos que fomentan la dependencia y lumpenización como los cupones de alimentos, becas, asistencia de vivienda y otras que se implementaron como medidas anti-crisis desde mediados de la década del Setenta. Y frente al deterioro de la economía, manufactura, industria agropecuaria y ausencia de pesca significativa, y por tanto carencia de fuentes de empleo, se ha ido creando una deuda pública inmensa desde la década de 1970 para fomentar el patronazgo político y determinadas obras, deuda pública que asciende a más de setenta mil millones de dólares hoy en día y que evidentemente es impagable. En días recientes la agencia «acreditadora» del capital mundial Standard & Poor ha degradado a chatarra el crédito del régimen colonial existente, todo lo cual abre un nuevo e incierto escenario económico, político y social, ante el cual habrá que ir diseñando un contrato social que sea viable y promueva el bienestar de la nación de más 8 millones de puertorriqueños.
El problema del crimen, drogadicción y narcotráfico carcome a sectores amplios de nuestra población en la Isla y subvierte las prioridades presupuestarias.
Esa es la realidad material, imponente de nuestra nación. Es esa la nación a la que tenemos que aproximarnos, para describirla lo más cercanamente posible a la verdadera realidad, para intentar transformarla mediante el diseño de estrategias, tácticas y procedimientos que nos acerquen a la plena soberanía nacional.
Son muchos los problemas, entre ellos, como principales, los anteriores; y cada uno de ellos amerita un análisis concreto, consultas plebiscitarias a nuestro pueblo y soluciones. Muchos de esos problemas tienen que irse atendiendo desde el presente colonial, mediante proyectos locales, autogestionarios, cooperativos, municipales y estatales y engarzarse al problema de la ausencia de poderes soberanos y de una Asamblea de Status.
Sobre la deuda pública, son múltiples las posiciones que se escuchan; las más serviles , prestas a reconocer la legitimidad de la deuda y a pagar todos los intereses y penalidades, otras más conciliadoras y timoratas proponen moratorias de intereses, pagar porciones o a plazos más cómodos la deuda colonial. Pero la deuda es punto definitorio del fraude colonial. Y su borradura es esencial para un nuevo respiro nacional, en ausencia de un proceso de quiebras al que el territorio pueda acogerse. Esa es una de nuestras grandes armas de negociación con la metrópolis. Es evidente que el Congreso ha sido y es el administrador o fiduciario que controla a Puerto Rico bajo la cláusula territorial desde el Tratado de París. El gobierno de EU, su aparato militar y político, incluido su Congreso, ha sido quien ha prohibido y cercenado los poderes soberanos de Puerto Rico, lo que ha minado la capacidad de la nación puertorriqueña para crear riqueza necesaria para vivir y pagar préstamos. Pero el gobierno federal y su Congreso, el Fiduciario del territorio, irresponsablemente, negligentemente, fraudulentamente, ha dado «libertad» a su colonia esclava para endeudarse. Conforme se recoge en innumerables normas jurídicas del derecho privado y público, en múltiples áreas del quehacer humano, en situaciones similares en las que una parte poderosa controla la libertad del deudor, mientras fomenta su endeudamiento, el remedio a exigir en los foros correspondientes, incluyendo en las negociaciones de estatus político, debe ser que el administrador o dueño del territorio: el gobierno de los Estados Unidos sea quien asuma la deuda pública, pues ha sido el responsable y causante de la deuda pública municipal, central y sus instrumentalidades. Sobre este tema debería haber un plebiscito o ser parte de las facultades conferidas a la Asamblea de Status. Debe ser una demanda de los delegados de la Asamblea frente al gobierno de EU como parte de la compensación por los daños por el coloniaje.
Así mismo, el problema de la adicción y narcotráfico hay que enfrentarlo con modelos salubristas y no con modelos fracasados como el de guerra contra las drogas. El estado tiene que competir con los capos y suplir gratuitamente las sustancias a los adictos en clínicas mediante un registro y control de adictos y programas de rehabilitación; mientras se prohíbe y condena la venta, producción y uso de las drogas. Este modelo es compatible con los espacios que permiten los tratados internacionales de los cuales Estados Unidos es signatario; y por tanto, nada impide que se implante dentro de la propia situación colonial existente. No es táctico fragmentar la discusión promoviendo la legalización de la marihuana. El problema es mayor, es más global. Nuestro pueblo entenderá mejor este modelo para atajar el crimen y controlar y disminuir la adicción que una legalización del canabis que se manipula, erróneamente, como mero hedonismo. La esencia para enfrentar el problema dentro de la realidad mundial y local es la reglamentación del uso, proveyendo el estado gratuitamente la droga a los adictos y la prohibición de la producción y venta, incluyendo amnistías a los capos para que legalicen su capital y se conviertan en empresarios y panaderos. La reglamentación de las drogas en apretada síntesis resumida, debe ser promovida en consulta plebiscitaria, lo que ayudará a la educación y superación de miedos y prejuicios. Implantado este nuevo modelo, redundará en una disminución del crimen, rehabilitación y disminución de los adictos, ahorros presupuestarios en sistemas penales, vigilancia y de salud.
¿Y si la mayoría de nuestra población reside en los Estados Unidos, como es posible que ni siquiera se discuta el innegable derecho al voto de la diáspora para todos los eventos electorales, plebiscitos y asambleas constituyentes o de Status? ¿Cómo es posible que por el mero hecho de que un puertorriqueño- en nuestro caso 5 millones- tome un avión forzado ante la ausencia de porvenir para ir vivir en la metrópolis, pierda su derecho a votar sobre los asuntos de su nación? Es un crimen, un olvido imperdonable que nada se diga sobre el discrimen en cuanto al derecho al voto en Puerto Rico de nuestros compatriotas de la diáspora. Por eso considero que todo boricua, no importa donde resida, debe tener derecho a votar en todos los eventos electorales de Puerto Rico, los que se celebran cada cuatro años, los plebiscitos y en cualquier Asamblea de pueblo, Status o Constituyente. ¿O es que un norteamericano que llega de Alaska o Minnesota, al tomar un avión y vivir un año en Puerto Rico, con el mero domicilio puede votar en todos esos eventos electorales, mientras que nuestros compatriotas de la diáspora se les elimina el derecho al voto al momento en que toman un avión o un barco y residen en la metrópolis? Por eso la proclama sonora debe ser: derecho al voto en todo evento electoral en la Isla, sin restricción, y en la Asamblea de Status a todo Boricua, no importa donde viva, y que aquel Boricua que no quiera votar lo haga por auto exclusión.
Difiero en utilizar categorías absolutas, inmanentes, invariables, proféticas, y formalizadas en un diseño culturalista, formalismo que excluye los demás fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales que definen nuestra formación nacional concreta, algunos de los cuales he reseñado anteriormente. La lucha por la soberanía tiene que forzosamente estar entrelazada con el diagnóstico, diseño de alternativas y cursos de acción respecto a los fenómenos históricos concretos pertinentes a la sobrevivencia diaria que acontecen en nuestra nación.
Lo cierto es que en vez de una polarización entre anexionistas y puertorriqueñistas, lo que ha ocurrido en las últimas décadas es un decrecimiento notable en el número de votantes independentistas, un aumento vertiginoso en las fuerzas anexionistas y el fraccionamiento y confusión en el pensamiento de sectores considerables del autonomismo. El reciente plebiscito del 2012 demostró que la fórmula de ELA soberano, a pesar de la directriz en contrario del liderato del PPD, obtuvo cerca de medio millón de votantes, mientras que la fórmula de la independencia escasamente llego a un 6%, pero habría que ver si para ese por ciento se tomó en cuenta las papeletas en blanco fruto del boicot del sector inmobilista del PPD; de ser así, el por ciento sería menor, aunque hubo abstención de sectores patrióticos a ese evento electoral. Una diferencia abismal frente al proceso de la Asamblea Constituyente colonial de 1952. En aquella época el independentismo era la segunda fuerza electoral y el anexionismo marchaba a la cola.
Opino respetuosamente que si la lucha por la conquista del fin sustantivo de la soberanía, que conlleva medidas de índole procesal como la necesaria Asamblea de Status, no se engarza y expande para insertarse y cubrir esos otros fenómenos fundamentales de la existencia y sobrevivencia humana en un programa nacional, y contemplar alianzas y acomodos tácticos, el independentismo estará abocado a ir decreciendo hasta convertirse en una secta sin sentido vital para nuestro país.
La realidad material del país, con su enramado de relaciones económicas, políticas, jurídicas y culturales con la metrópolis nos plantea que debemos transitar por etapas intermedias sin renunciar a la meta final de la plena independencia. Es imposible pensar en una solución política que no contemple la doble ciudadanía. Somos una nación de 8.5 millones de habitantes tanto en la isla como en la diáspora. Si ni siquiera el liderato independentista, ni siquiera Rubén Berríos han renunciado a esa ciudadanía, eso muestra el impacto de esa realidad. Sólo un puñado insignificante lo ha intentado, comandado por el insigne patriota Don Juan Mari Bras.
Es por lo anterior que considero que la polarización que plantea Rubén en esta coyuntura no estira tanto, verla más grande de lo que es constituye más un deseo de cómo las cosas debieran ser que como son las cosas.
Y tomada nuestra verdadera realidad para el diseño de una estrategia y táctica a corto plazo, son múltiples los escenarios que pueden ocurrir. En ese sentido Rubén es cauteloso al indicar que nadie puede predecir cómo y cuándo ocurrirá el proceso de polarización. Veamos algunos posibles escenarios.
Si se convoca una Asamblea de Status y se excluye a opciones territoriales y coloniales el sector inmovilista del PPD no avalará esa propuesta ya que defiende al ELA como está, lo que podría ser impedimento para la obtención de una mayoría legislativa que apruebe la legislación. Esto, a menos que el modo de pensar del país cambie tan dramáticamente que el liderato tradicional inmovilista pase a ser una insignificante secta sin seguidores. Situación que no es la realidad actual.
Hay que reconocer que la sobrevivencia de Puerto Rico, el logro de una calidad de vida adecuada para las grandes mayorías, depende de que sus fuerzas productivas se desarrollen. Y para desarrollar un país viable se necesitan poderes soberanos para proteger la producción de bienes y servicios nacionales y para tomar medidas protectoras del bienestar general, que permitan a los puertorriqueños sobrevivir bien en el mundo contemporáneo y futuro. Por eso no cabe dudas que el destino, más temprano que tarde, es que ese sector inmobilista del PPD vaya quedándose en minoría frente a sectores autonomistas que claman por una fórmula no territorial ni colonial.
El proceso político es muy complejo. Todavía tenemos un diseño electoral bipartidista y por eso he planteado en artículo reciente la necesidad de diseñar un proceso electoral que contemple una segunda ronda electoral que propicie negociaciones y amplias alianzas de diversos credos políticos.
El siguiente escenario está casi descartado ya que ni el PNP ni el PIP lo avalarían. Asumiendo que dentro del actual sistema electoral, luego de un proceso de acomodos, en la legislación final de Asamblea de Status, se adopte un lenguaje que incluya las tres grandes corrientes políticas, sin muchos cambios, y se excluya la corriente soberanista del autonomismo que promueve una fórmula cercana a la libre asociación por tratado bilateral, con toda probabilidad los delegados electos en proporción serán similares a los elegidos en los eventos electorales ordinarios: el anexionismo, y estadolibrismo obteniendo resultados cercanos al 48% y la independencia cercanos a un 3 a un 4%. Bajo ese escenario no adelantaríamos mucho. Porque el resultado entonces sería el diseño de las mismas fórmulas jurídicas de Status, formalizadas y fosilizadas. En un escenario como ese es mejor boicotear el proceso ya que plantearnos un plebiscito posterior a la Asamblea, en el que los resultados serán cercanos a esos por cientos con las mismas fórmulas de siempre, en muy poco se adelanta un proceso descolonizador.
¿Por otro lado si las opciones a diseñar por los delegados deben ser no territoriales ni coloniales? ¿Desde cuándo la estadidad es una opción no colonial ante una nación intervenida militarmente? Si Albizu planteaba que la anexión como estado sería la culminación del coloniaje. Luego entonces el diseño se presenta excluyente y discriminatorio para el ELA territorial si es favorable para los estadistas cuando se acepta que la estadidad en el caso de Puerto Rico es una opción no colonial. Estas son realidades, independientemente de que no nos gusten.
Un escenario realista y a la misma vez transformador sería una legislación que incorpore tanto las fórmulas tradicionales de Estadidad, ELA territorial e Independencia así como una cuarta alternativa que contemple lo más cercano o similar a la Libre Asociación.
Estos serán problemas y posibles escenarios a los que con creatividad habrá que irse enfrentando los actores de este gran drama, si la decisión de convocar una Asamblea de Status se cumple como compromiso programático del PPD.
La Asamblea de Status es más posible si todas las fuerzas políticas existentes, así como la más nueva que irrumpió con impacto en el pasado plebiscito con medio millón de votos, tienen la posibilidad de participar en ella. Hay que recordar que quien tiene los votos para aprobar o rechazar una legislación sobre Asamblea de Status es el PPD, asumiendo que se pase el escollo de que se trata de un evento que no es para enmendar la Constitución y por tanto no requiere las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado y a la par que debieran fortalecerse los procesos paralelos actualmente existentes de desarrollos productivos, comunitarios, locales y autogestionarios de las fuerzas vivas de la nación, es esencial ir elaborando un programa nacional, fruto de convergencias y alianzas que sea capaz de producir un programa viable y creíble para la inmensa mayoría de los Puertorriqueños
A modo de sugerencia fraternal al compañero Rubén y al resto del patriotismo, concuerdo que una Asamblea de Delegados es el cuerpo representativo de una nación, eso ha sido así desde hace varios siglos. Ese debe ser el cuerpo representativo del pueblo de Puerto Rico para negociar frente a la metrópolis. Ahora bien, no caben dudas que al momento somos un movimiento independentista muy reducido en comparación a las otras fuerzas políticas y sobre todo más fraccionado que un rompecabezas sin ensamblar. ¿Por qué no intentar un proceso de diálogo, retiros prolongados de cuadros y militantes de todas las tendencias, en los que se compartan largas noches y días para intentar mejorar las relaciones entre el patriotismo, garantizar que haya participación sustancial mayoritaria de mujeres y jóvenes en ese proceso, delegados de la diáspora, de trabajadores y sectores comunitarios, conversar hasta la saciedad en las cosas que nos unen y en las que nos separan, para elaborar un programa patriótico social común. Eso es un paso elemental antes de plantearse un evento en el que unas pocas hormigas se pretenden enfrentar a ejércitos multitudinarios.
Hay una alta probabilidad de que los estadistas boicoteen un mecanismo procesal como una Asamblea de Delegados sobre Status según la diseña Rubén y según la han discutido algunas figuras del PPD, pues erróneamente plantean que ya en el plebiscito anterior ganó la estadidad y lo que procede es que se instrumente la inclusión de Puerto Rico como estado. Obviamente están equivocados, ya que ese plebiscito estuvo amañado y la suma de los votos en blanco en la segunda columna con los votos obtenidos por el ELA soberano supera los votos obtenidos por la estadidad.
En la realidad actual hay que intentar descolonizar y convencer a los que sostienen posturas coloniales, sobre todo a los anexionistas para que pasen a nuestras filas. En la guerra de independencia de los Estados Unidos muchos anexionistas «tories» fueron pasando a las filas patrióticas en grandes contingentes. Y como parte de ese proceso de descolonización de las mentes colonizadas, muy bien puede haber un compromiso previo, contemplado en disposiciones específicas de la legislación, lanzado a todos los delegados a la Asamblea de Status, que la fórmula que gane en la votación entre los delegados la vayan a defender con una sola voz todos los delegados frente a los Estados Unidos, pero por un periodo limitado de tiempo, por decir tres años, y si no la conceden o nos ignoran, los delegados volver a deliberar para votar, exigir y proclamar una fórmula digna y no colonial. Como una Asamblea de Delegados es un cuerpo permanente, si gana la fórmula de la Estadidad entre los delegados en la primera votación, irían todos los delegados a presionar por esa fórmula frente al gobierno de EU. Nosotros los patriotas estamos convencidos de que el gobierno federal no la va a conceder, o le va a dar largas al asunto.
Los estadistas creen todavía que pueden lograr que le concedan la Estadidad. Una propuesta como la anterior puede fomentar el fraccionamiento del anexionismo -recordemos su división en el plebiscito de 1967- lo que puede inclinar a un sector significativo de ese sector político a participar en esta propuesta de Asamblea de Status para defender la fórmula de Estadidad bajo esas condiciones. Si al cabo de tres años no se confiere esa fórmula por el gobierno de los EU, se promoverían nuevas rondas de discusión y elaboración de alternativas dignas, soberanas y no territoriales para ser exigidas como una sóla voz por todos los delegados frente a los EU. Si no actúa el gobierno de EU, puede haber un plebiscito y proclamar por decreto el resultado como el destino final del país.
Si los anexionistas boicotean en bloque la Asamblea de Status propuesta, a pesar del puente tendido, los sectores independentistas y autonomistas que comparezcan pueden diseñar sus propuestas no territoriales ni coloniales, negociarlas con el Congreso para exigir conocer las condiciones que está dispuesto a reconocerlas. De no conceder ninguna o negarse a opinar, convocar una votación plebiscitaria y diseñar una segunda ronda de votación en la eventualidad de que ninguna fórmula obtenga más del 50% de los votantes. En una segunda ronda habrá margen para alianzas para un proyecto puertorriqueñista no territorial. Siempre estará el derecho de las formaciones que deseen mantener su independencia de criterio de abstenerse de participar en ese proceso.