11 recintos: ¿Viables? No. ¿Necesarios? Sí.
arte por Patrice Lladó, @patricellado
Atendamos la primera interrogante: ¿Son viables los 11 recintos? Si la pregunta no se ha contestado a estas alturas es por el costo político que tiene el cierre de recintos para el partido de turno. El presidente de la UPR, Jorge Haddock, ha indicado (sin proveer evidencia) que los recortes son “manejables” y que habrá consolidaciones administrativas que ahorren gastos y aseguren la permanencia de las 11 unidades. Sin embargo, los estados auditados financieros del 2017 concluyen que la sustentabilidad del sistema UPR está en peligro y que tendrá serios déficits operacionales, sobre todo comenzando en el año 2021 y aumentando progresivamente hasta el 2026 (ver páginas 16-22 del Estado Financiero 2017 de la UPR). Recientemente, este pronóstico se reafirmó cuando la MSCHE degradó a todas las unidades al estatus de “show cause” por la falta de entrega de los estados financieros auditados que demuestren la viabilidad fiscal de la institución.
Por otra parte, sabemos que las economías que pueda generar una consolidación administrativa de recintos no serán suficientes para subsanar el déficit proyectado. La Universidad invierte aproximadamente un 62% del presupuesto en nómina y en aportaciones patronales. La otra partida que consume anualmente el 11% de los presupuestos es la de mantenimiento de la planta física, porcentaje que debería ser mayor para evitar el deterioro y ofrecer mejores instalaciones a los estudiantes. Los ajustes del actual plan fiscal aprobado por la JSF han mermado drásticamente los fondos para atender estas partidas y con los ajustes proyectados hacia el 2026 la situación se tornará más precaria. El plan fiscal pone además un gran peso sobre la disminución de los costos administrativos, entiéndase la disminución del personal no docente y de las aportaciones patronales de todos los empleados. Los efectos ya son evidentes en varios recintos donde la pérdida de empleados hace casi imposible que se pueda cumplir el trabajo requerido. La UPR- Cayey, por ejemplo, pasó de tener cuatro empleados en la oficina de cuentas a pagar a tener una sola persona, causando serios atrasos en los pagos y en operaciones claves para la administración, por ejemplo, de fondos externos.
Esa misma pérdida y desgaste de personal ocurre con el personal docente regular. En la medida en que el personal que se retira no se repone y sus puestos se van sustituyendo por contratos a tiempo parcial, la docencia se precariza y con ella la capacidad de la UPR para responder a los desafíos que enfrenta. En la mayoría de los recintos, ese sector creciente de docentes contratados a tiempo parcial no cuenta con el apoyo para participar de propuestas y otras actividades que viabilicen el logro. Por esto, aunque el Presidente diga que busca un aumento de un 30% anual en las propuestas sometidas por recinto, los recortes hacen la meta poco viable, casi quimérica, sobre todo para unidades que llevan años sin contratar personal a tiempo completo. Algunos Departamentos han llegado a tal punto que apenas cuentan con suficientes profesores para completar los comités de personal y otros grupos de trabajo necesarios para la creación de programas o la innovación institucional. La situación contradice lo que expone el mismo plan fiscal de la JSF al proyectar un incremento de hasta 20 por ciento anual en la obtención de fondos externos (grants) federales.
Ante este escenario, una esperaría que la Junta de Gobierno y un Presidente que dice estar comprometido con mantener los 11 recintos ejerciera cabalmente una de las funciones más cruciales que tienen los presidentes de sistemas públicos: defender la inversión pública en la universidad que dirige. Después de todo, Puerto Rico cuenta con leyes que garantizan que los 11 recintos puedan cumplir con su misión. La ley #2 del 1966, por ejemplo, garantiza una inversión de 9.6 por ciento del recaudo público para la UPR. Según el economista José Caraballo Cueto, si se hubiese observado esa ley, tomando en cuenta las proyecciones en recaudos del fondo general, la UPR contaría con aproximadamente $872 millones en el 2020. Por otra parte, la Ley #3 del 2017 le proveyó a la UPR otro mecanismo de financiamiento sustentable, extendiendo la pausa que fijaba el presupuesto de la UPR en $834 millones hasta el año 2021. En cualquier caso, el plan aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal violenta la jurisprudencia local pues le asigna solo $560 millones a la UPR para el 2020 y cada año menos hasta llegar a $322 millones en el 2026.
Desafortunadamente, la Junta de Gobierno de la UPR ha permitido que las leyes que garantizan el financiamiento de la UPR como un bien esencial se violen frente a los poderes de la JSF. De modo que, a no ser que haya un cambio en la política pública, la respuesta a la primera pregunta es “no”. Las 11 unidades no son viables. Las primeras en perder la batalla serán las unidades subgraduadas por ser las más vulnerables a los recortes y las que enfrentan los mayores retos para allegar fondos externos. Por tanto, nos parece que la “transformación” a que se refiere el presidente Haddock dejará a la UPR con tres recintos graduados (Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas) haciendo insostenible la permanencia de la mayor parte o de todas las unidades subgraduadas – las mismas que cada año nutren la matrícula de los programas graduados en los recintos grandes. Pronosticamos que este achicamiento del sistema UPR no se implementará inmediatamente, sino en el 2021, después de las elecciones, cuando el cierre de recintos ya no tenga un costo político para el partido de turno.
En el interín, la Junta de Gobierno, cuerpo altamente politizado, ha puesto en marcha varias maniobras para mitigar el costo político. La primera: disfrazar el impacto real y nefasto de los recortes. La segunda: comprar tiempo con la Middle States que, en algún momento, exigirá ver el plan maestro de una universidad significativamente achicada como condición para otorgar la acreditación ajustada al nuevo presupuesto. Así, mientras el Presidente indica que la UPR cuenta con más ingresos que gastos sin proveer evidencia, simultáneamente describe la transformación de la Universidad como “impostergable” (Haddock, Plan de Trabajo 2019:6). Por otra parte, tanto él como la Junta de Gobierno y la propia Junta de Supervisión Fiscal (con la ayuda de algunos en los medios) se han encargado de evitar que el peligro de perder la acreditación se plantee claramente como lo que es: un problema de insuficiencia fiscal para mantener 11 recintos que atiendan cabalmente la misión de la institución. Cuando la MSCHE requiere que la UPR entregue los estados financieros auditados para evaluar precisamente eso, la administración plantea que se trata de un “trámite atrasado”. Así, el requerimiento de los estados auditados deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo, una mera diligencia divorciada de la crisis que le confiere importancia. Ese discurso también posibilita que, por ejemplo, Natalie Jaresko y Carrión III (los mismos que ponen en riesgo la acreditación de los 11 recintos) le achaquen el problema de la acreditación a la “irresponsabilidad administrativa” de la UPR.
Ese discurso del “trámite sin cumplir” también apoya una tercera maniobra, que es “castigar” al sistema público por su “ineficiencia”. Este planteamiento ha dado muy buenos resultados, históricamente, para justificar la privatización de servicios públicos. Aquí, la propia administración universitaria echa mano de la premisa– compartida por un gran sector de la población — de que lo público es ineficiente, lento, burocrático y gigante. Esa apreciación también encuentra arraigo en la experiencia propia de los universitarios que han tenido que soportar por décadas la falta de inversión pública en la innovación de sistemas administrativos, por un lado, y los efectos de la nociva intromisión político partidista, por otro. Esta última opera en menoscabo de la eficiencia institucional al promover cambios constantes en la gerencia universitaria e inestabilidad institucional con nombramientos que responden menos al principio de mérito y más a lealtades hacia el partido de turno. Desafortunadamente, en vez de defender la inversión pública para mejorar el funcionamiento de la Universidad o protegerla de la injerencia partidista, el Presidente ha optado por un discurso que ignora esta realidad y deja la institución a merced del desgaste progresivo, vulnerando la continuidad de la mayor parte de las unidades, sobre todo las subgraduadas.
Si este fuese el caso, habría que plantearse, entonces: ¿Hacen falta las 11 unidades? ¿No será mejor y más eficiente tener menos recintos, sobre todo en una isla tan chiquita? Los que defienden los recortes a la UPR, o por lo menos los que no se oponen vehemente a la reducción drástica en su presupuesto a menudo argumentan que la UPR tiene “demasiados recintos” cuando se compara con las Universidades de “allá afuera”. Pero esos argumentos están cargados de errores.
Para empezar, la UPR NO ES “más grande” que otros sistemas comparables. Tomemos como ejemplo los sistemas de Nueva York y California, que son dos de los más parecidos a la UPR en términos de misión. Según el censo, Puerto Rico tenía unos 3.3 millones de habitantes en el 2017. El sistema universitario público de Puerto Rico (es decir, la UPR) tiene once recintos. Es decir: Puerto Rico tiene un recinto por cada 0.3 millones de habitantes, más o menos. Para esa misma fecha, el estado de Nueva York tenía 19.8 millones de habitantes en el 2017. Sus dos sistemas públicos (CUNY y SUNY) tienen un total de 88 campuses. Es decir: en Nueva York, hay un recinto por cada 0.23 millones de habitantes. Eso quiere decir que el tamaño de la UPR, en términos de número de recintos, es comparable, de hecho hasta un poco menor, que el tamaño del sistema público en un estado que solemos utilizar con frecuencia como referente, el estado de Nueva York. Otro tanto ocurre cuando miramos los números de California, otro estado con fuertes sistemas de educación superior pública. California tenía unos 40 millones de habitantes en el 2017. Sus tres sistemas públicos (CC, CSU y UC) suman 146 recintos. Es decir, California tiene un recinto por cada 0.27 millones, o sea que tiene más recintos por habitantes que Puerto Rico. La población estudiantil matriculada en los colegios y universidades públicos californianos es además unos 1.48 millones, lo que equivale al 3.7% de la población total de California, mientras que en Puerto Rico es de unos 58,000–solo 1.76 de la población.[1]
Otro mito que se suele esgrimir para apoyar el cierre de recintos es que las distancias entre recintos son más cortas en Puerto Rico que en los Estados Unidos y que no tiene sentido tanto gasto público cuando los estudiantes podrían moverse para completar su educación. Sin embargo, la corta distancia entre dos puntos, no implica que trasladarse entre estos sea factible, barato o seguro. La distancia no es una medida absoluta ni neutral. Depende, por ejemplo, de la existencia de transportación pública, que, en PR es casi cero, especialmente en pueblos que quedan fuera del área metropolitana y que tienen recintos pequeños. En una isla donde las carreteras son poco transitables y cuentan con poca iluminación (especialmente después de los huracanes del 2017) la movilidad de los estudiantes no es trivial y puede ser costosa y complicada. Los estudiantes de escasos recursos económicos (definidos en la misión de la UPR como especialmente importantes) tienden a ser además lo que se conoce en la literatura sobre educación superior como «place-bound«. Factores como pobreza, necesidad de trabajar, las responsabilidades familiares, y la falta de familiaridad con espacios universitarios en su experiencia cotidiana, hacen poco factible y poco probable que este tipo de estudiante se hospede lejos del hogar de sus familias. Cualquier consideración de planificación tiene que tomar en cuenta que la llamada “desventaja socioeconómica” es un problema no solamente de dinero sino de tiempo, distancia, preparación académica y capital social. Hay muchos estudios sobre estos factores que justificaría la importancia de contar con 11 recintos faciliten el acceso de esa población a una educación universitaria de calidad, pero aparentemente los que toman decisiones sobre la UPR no los quieren leer.
Si al cierre de recintos se le añade un aumento que triplica el costo de la matrícula (de $57 el crédito a $157 en el 2016) , el problema de acceso se agudiza aún más, llevando a los pocos estudiantes que logren el salto hasta completar un bachillerato al extremo de las deudas de préstamos estudiantiles. El endeudamiento progresivo de la juventud que busca educarse también es un problema para las mejores universidades estatales “del norte”, pero eso no se menciona cuando las utilizamos como estándares de eficiencia. Por otra parte, contrario a los que argumentan que la UPR es muy barata comparada con esas universidades, en realidad la Universidad de Puerto Rico NO es barata. Para una familia con un ingreso equivalente a la mediana del ingreso familiar en Puerto Rico, el costo de estudios en la UPR asciende a 64.6 % de su ingreso total, mientras que en la mayoría de las universidades públicas estadounidenses este costo representa entre 30% y 40% de la mediana de ingreso familiar del estado (Calderón-Soto 2017, sinopsis, Consejo de Educación de Puerto Rico). Por ende, cuando se toma en cuenta el tamaño de los ingresos de nuestros habitantes, y el porcentaje de ese ingreso que el costo de matrícula representa, nuestro sistema es bastante caro.
El presidente Haddock ha hecho declaraciones sobre becas que estarían disponibles para los estudiantes de escasos recursos, pero su plan de trabajo no contiene objetivos ni métricas específicas sobre las mismas (Haddock, Plan de Trabajo 2019:6 33). Por el momento, sabemos que mientras mejores sean las credenciales académicas de una persona, mejor será el salario al que puede aspirar. Por lo tanto, el mejor mecanismo que tenemos para que más estudiantes desventajados y “place-bound” puedan obtener un grado universitario y salir de la pobreza es, precisamente, contar con unidades a través de la Isla que hagan la educación superior pública accesible.
Por otra parte, contar con 11 recintos no solamente ayuda a atender el problema de la pobreza individual de los estudiantes Los recintos aportan mucho a la economía de los municipios en los que se ubican, proveyendo servicios ( tutorías, prácticas, proyectos de servicio comunitario, de salud preventiva o protección ambiental, bibliotecas, actividades culturales etc.) para beneficio de esas comunidades, sobre todo las que quedan lejos del área metropolitana. Datos provistos por el Centro de Información Censal de la UPR – Cayey (único centro de este tipo en la Isla) y su Director, el economista Dr. José Caraballo-Cueto revelan que en los municipios donde existe un recinto de la Universidad de Puerto Rico o están próximos a estos, la pobreza es menor que en aquellos municipios donde no existe presencia de la UPR. Inclusive, hubo municipios con baja actividad económica aún teniendo en sus zonas recintos universitarios privados. El estudio señala que ante las pocas estrategias de envergadura para distribuir la política fiscal fuera del área metropolitana, los recintos de la UPR proveen una alternativa de descentralización de actividad económica hacia otras regiones.
Un cuarto mito a favor de la consolidación de recintos es que esto ayudaría a consolidar operaciones y reducir la burocracia en el sistema. Aunque es cierto que la eficiencia de la institución podría ser mejor, si la mayor parte del «gasto administrativo» es nómina, estos análisis implican que el problema de “lentitud” se resuelve reduciendo personal administrativo. Sin embargo, si no hay una re-ingeniería de los procesos, la consolidación de oficinas hace la Universidad todavía más lenta. Si las normas de procesos basados en la desconfianza siguen solicitando 10 firmas para sacar un documento o 10 pasos para cobrar un dinero, tener menos personal administrativo hace que esta situación empeore y que la Universidad sea menos eficiente, creando un embudo. Como ya mencionamos, ese deterioro paulatino lo venimos experimentando con la congelación progresiva de plazas hace años. La idea de lograr ahorros y aumentar la “eficiencia” mediante la consolidación de recintos suena lógica pero, a no ser que la hagan correctamente operacional, inviertan fondos en la optimización de sistemas administrativos y eliminen la política partidista de la gerencia, es una idea hueca. A la fecha, no hemos visto datos que sustenten ese argumento, ni un plan para lograrlo.
La UPR no es perfecta. Hay mucho que mejorar y, por suerte, universitarios dispuestos a ofrecer alternativas partiendo de la autocrítica y reflexión. Para mencionar un solo ejemplo, la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU) reúne a estudiantes, docentes, no docentes y personas de la comunidad de las distintas unidades del sistema al menos dos veces al mes desde abril 2018. Sus miembros han propuesto y siguen proponiendo alternativas de consenso a la legislatura de Puerto Rico para mejorar la institución y protegerla, entre otras cosas de la politiquería que le dificulta cumplir cabalmente con su misión. Sin embargo, a pesar de todos los recortes, las ineficiencias, la lentitud en los procesos y la falta de atención a los reclamos universitarios, la UPR –con sus 11 recintos– sigue siendo la mejor opción de educación superior en Puerto Rico y un catalizador importante para el bienestar social, cultural y económico del país entero. Aun con sus imperfecciones y pese a los recortes, los recintos subgraduados de la UPR tienen mejores tasas de graduación que la mayoría de las instituciones privadas en su región, algo que la JSF no toma en cuenta en su afán por achicar la Universidad. Por otra parte, la mayoría de las unidades subgraduadas ofrecen ofertas únicas de bachillerato en áreas especializadas. En estos recintos también hay facultad que publica, atrae fondos externos y, sobre todo, le provee una educación de calidad a los estudiantes de las comunidades menos privilegiadas. Al menos uno de cada cuatro graduados de la UPR- Cayey ha participado de una investigación. Otro tanto culmina con experiencias de servicio comunitario o creación. Los residentes de las comunidades aledañas a los recintos que usan sus bibliotecas, anfiteatros, pistas y servicios comunitarios conocen algunas de esas aportaciones pero, para otra gente, inclusive para algunos colegas de los recintos graduados, son desconocidas.
Divulgar y defender el valor de esta aportación no se trata de venderle una historia color de rosa a la agencia acreditadora MSCHE para que crea que estamos fiscalmente saludables y le devuelva la acreditación a las 11 unidades. Tampoco se trata de hacer planteamientos catastróficos. Hablar del fin de la UPR es exagerado, pero no nos cabe duda que estamos ante la encrucijada de una muerte anunciada para el sistema de 11 recintos. También notamos el desgaste de una población universitaria desmoralizada y un inmovilismo aterrador. El artículo de Mariolga Reyes publicó en este medio aportó a espabilar a la gente por unos días en un país donde, como dijo alguien “el ficcional cierre de su primera institución es aterrador, pero su real e inminente cierre no incomoda”. En el escenario ficticio que ideó Mariolga, la sociedad civil se volcó en un abrazo a la UPR, reconociendo su valor y rol crucial para el desarrollo de Puerto Rico, el bienestar de sus comunidades y familias. En ese escenario no hacía falta recordarle al país y a la zona metropolitana que, el sistema de la UPR provee bibliotecas, teatros, museos, clínicas legales y servicios educativos de calidad a lo largo y ancho de la Isla, gracias a sus 11 recintos. La Red Sísmica y sistema de alerta de tsunamis, el Centro Cardiovascular, el hospital de Carolina, el Centro Comprensivo de Cáncer, las unidades de educación continua, los programas educativos de extensión agrícola, clubes 4H, los programas de prevención de violencia de género, una estación de radio con programación única y tantos otros recursos importantes para el país, también son parte de y dependen de la UPR. En ese escenario, la gente parecía saber que cada 1$ invertido en la universidad, se convierte en $1.56 para el país.
La realidad actual es distinta. En este escenario real, los universitarios tendremos que conocernos mejor y trabajar duro por ese abrazo del pueblo porque será imprescindible. Ni la JSF, ni el gobierno de Ricardo Rosselló, ni la alta jerarquía universitaria defenderán el sistema de 11 recintos porque están convencidos de que la ruta correcta es achicar lo público a favor de los intereses privados, sobre todo los de los bonistas. A no ser que distintos sectores de la sociedad civil se unan para defender la aportación pública robusta que la Universidad necesita para cumplir su misión, los recortes a la UPR harán insostenibles la vital aportación de las 11 unidades al Pueblo de Puerto Rico. El camino está trazado por la JSF y el gobierno cómplice de su plan de austeridad. Su apuesta es que los universitarios no nos pondremos de acuerdo, que terminaremos compitiendo unos con otros a ver cuál se salva, mientras se debilitan todos. Hagamos otra apuesta. Rechazamos los “Hunger Games” entre recintos. Todavía falta un trecho de aquí a noviembre del 2020. Usémoslo para reflexionar, cultivar la solidaridad, y caminar en acción decidida por otro rumbo a favor de la integridad de la UPR y sus 11 unidades.
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[1] Alguien podrá alegar que este número no toma en cuenta que California atiende más estudiantes de otros estados (“out of state”) que Puerto Rico. Si bien eso es cierto, es también cierto que 1)la mayor parte de los estudiantes “out of state” están concentrados en el más pequeño de los tres sistemas californianos y representan un porcentaje relativamente pequeño del total de esos recintos y del estado, y 2) muchos estudiantes californianos se van a universidades de otros estados.
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