A transformar: hacia el mejor uso de la propiedad
Agosto también cerró con la noticia de que la tienda por departamentos Capri abandona el Paseo de Diego a finales de este año 2013. Aunque Capri es una tienda pródiga en la venta de productos de mala calidad, digamos que resolvía asuntos fundamentales del consumidor local. La gente podía llegar por guagua, por tren o a pie, para comprar cosas de primera necesidad. La tienda Capri marca también una especie de frontera espacial imaginaria; una línea divisoria entre el Paseo de Diego que conecta con Capetillo (sector que nos recuerda que en Río Piedras todavía vive gente) y el que da hacia la Ponce de León.
El periódico El Nuevo Día reseñaba la noticia bajo el título “Se muere Río Piedras”. Los residentes y comerciantes entrevistados enfatizaban el golpe que constituye para Río Piedras la salida de otra tienda más. A la lista de los comercios que abandonan el casco riopedrense se le añade Topeka, que pronto también se irá. En una nota del reportaje del periódico El Nuevo Día, Marian Díaz nos informa que el planificador José Rivera Santana, actual director de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial de San Juan, reconoció los graves problemas que enfrenta el casco urbano de Río Piedras. Nada nuevo, claro está.
De acuerdo a la noticia, Rivera Santana en calidad de planificador, y el Municipio de San Juan, tienen la intención de detener el deterioro del pueblo. A tales efectos informaron que el municipio ya tiene esbozado un plan para atender las estructuras físicas y los espacios públicos. También se dice que “se rehabilitarán las estructuras emblemáticas en el Paseo de Diego”. La breve noticia no dice mucho más.
Hace unos cuantos años atrás, en el 2008 aproximadamente, un grupo de artistas, universitarios y gente residente de Río Piedras, realizamos una actividad de ocupación simbólica de una estructura en ruinas de Río Piedras. Se trataba de un edificio emblemático; el New Victoria, un antigüo cine que fue muy famoso en los mejores años de Río Piedras. Titulamos la actividad “Entre a su propio riesgo”. El título de la actividad cumplía una doble función: primero, alertar al público que participó de que se trataba de una ocupación a una propiedad privada, cosa que conlleva siempre un riesgo legal. También porque al tratarse de un edificio en ruinas, entrábamos al peligroso espacio que constituye la ruina misma.
La ocupación simbólica tenía el propósito de arriesgar un gesto ciudadano para activar una consciencia de la necesidad de un espacio para los artistas, también para mover una búsqueda de alternativas reales a lo que es el problema de magnitudes epidémicas de las ruinas en Río Piedras, particularmente el área cercana a la Ponce de León, la zona más moribunda del pueblo.
Después de la ocupación, nos pusimos a investigar más detalles de las estructuras “abandonadas” en Río Piedras. Conseguimos reunirnos vía el Director del CRIM con el abogado de esta agencia municipal. Descubrimos que los propietarios de muchos edificios en Río Piedras (imaginamos que esto ocurre en casi todo el país), le deben cifras exhorbitantes al fisco municipal. No pagan los impuestos al municipio, y para colmo (esto es lo peor), especulan con las rentas o la venta de los edificios a niveles descabellados para lugares tan deprimidos como los cascos urbanos. Poco les debe importar si Río Piedras se muere, o si vive, revive, o deja de existir.
En aquel momento no entendía por qué razón el Municipio no interviene con los propietarios de estas edificaciones vacías y hechas ruinas, hasta que el entonces abogado del CRIM nos comentó que se trata muchas veces de gente “intocable”. Cada vez que se trata de intervenir con “esta gente”, nos indicaba el joven abogado, alguien de las altas esferas gubernamentales interviene para que no se toque el asunto ya que muchos son personas con influencia en los partidos políticos. De este modo, descubrimos que hay un nivel altísimo de impunidad con la propiedad en los pueblos, del que se hacen cómplices los municipios, quienes son precisamente los llamados a regular la propiedad. De otra parte, leemos en la prensa que la actual Oficina de Planificación y Uso de Terrenos Estatal propone redensificar los cascos urbanos como parte del nuevo plan de uso de terrenos. Considerando la cantidad de tierras en las que no se puede construír en Puerto Rico debido a estándares de preservación ecológica como las costas, la zona del carso, los manglares, y los dos o tres bosques que nos quedan, la búsqueda de alternativas obliga a regresar a los cascos urbanos para reconstruir y repoblar. Esta idea que, a primera vista parece muy sensata, de nada sirve si no va acompañada de una atrevida, pero urgente investigación sobre quiénes son los dueños de edificios en los cascos urbanos, cuántos impuestos deben al Municipio, cuáles son las condiciones de los mismos, y a partir de un conocimiento de la situación con estas propiedades, redefinir la Política Pública hacia el mejor uso de la propiedad.
Una cosa es defender el derecho a la propiedad privada garantizado por la constitución de Puerto Rico, y otra muy diferente es dejar que los niveles de irresponsabilidad ciudadana, y de impunidad respecto de los deberes civiles, se conviertan en el estorbo mayor para atender problemas apremiantes de los cascos urbanos. Hay buenas maneras de llegar a acuerdos para empezar a mover la actividad de calidad en los centros urbanos. La legislación de muchos países de capitalismo avanzado permite conceder en usufructo propiedades “abandonadas” por sus dueños. En Holanda por ejemplo, la Corte Suprema dictaminó en 1971 que entrar en un edificio abandonado no constituye invasión. Más bien se trataba como un práctica aprobada por la sociedad porque era humanitario, o al menos pragmático, no expulsar a las personas de escasos recursos económicos que vivían en un edificio sin uso. Solo muy recientemente esta ley cambió para imponer pagos por los edificios ocupados, especialmente por inmigrantes. Sin embargo, todavía el gobierno es sensible al hecho de que las estructuras abandonadas hay que utilizarlas para el beneficio de la ciudad. Lo que no se permite es tener edificios clausurados por largo tiempo sin ninguna utilidad.
Buena parte de los propietarios de edificios en Río Piedras ni siquiera viven en el país y mantienen unos estándares de alquiler tan elevados que no hay manera de que nadie pueda echar a andar nada allí. Sostengo que son necesarias iniciativas mínimas pero eficientes de regulación estatal y municipal para evitar este problema de especulación brutal en los cascos urbanos, permitiendo una actividad económica acorde con las necesidades reales de los mismos.
Otra cosa sería pensar (como lamentablemente parece ser) que la propuesta de redensificación es una manera elegante de decir que estamos en el umbral de una gentrificación de las áreas que colindan con zonas de gran valor urbano por su localización. Está claro que estos procesos, a pesar de tener aspectos positivos como elevar los estándares de calidad de la zona, y potenciar mayor actividad, suelen ser procesos de desplazamiento obligatorio de las comunidades de escasos recursos económicos. Esto quiere decir que en lugar de expropiar a los intocables, se expropia paulatinamente las comunidades para dar paso a otro tipo de actividad urbana.
Los estudios realizados en todas partes del mundo sobre estos procesos de gentrificación deberían servir de base para mirar bien lo que vamos a hacer aquí. Hay mucha literatura disponible sobre cómo han sido esos planes de desarrollo, tanto para marcar sus bondades, sus fracasos, así como los graves errores que no deberíamos repetir.
La noticia de que las tiendas Capri y Topeka, dos de las que más población atraen al pueblo de Río Piedras abandonan el Paseo de Diego, más que preocuparnos, debería activar en nosotros al menos curiosidad, para hacernos preguntas fundamentales, para arribar a la implantación de medidas que produzcan consecuencias significativas para los ciudadanos, con relación a estos planes de redensificación urbana. Medidas que sirvan para la integración de las comunidades y barrios cercanos al casco urbano, así como de un tipo de transformación en el uso de la propiedad más acorde con una economía de corte social, que tome en cuenta a la gente que vive allí.
En todos los países donde sus ciudadanos tienen un sentido de amor y respeto propio, este tipo de situación tan deprimente es improcedente. Los directores de planificación y uso de terrenos deben procurar meterle mano a la especulación con la propiedad imponiendo medidas de regulación que viabilicen el usufructo de los edificios para el bien común. Si una propiedad debe al municipio más de lo que vale la estructura, usted me dirá si no es esta la mejor oportunidad para que los municipios se atrevan a actuar y a transformar el pobre sentido del uso de la propiedad hacia una actividad vinculada a servicios y productos de calidad. La verdad es que, sobre este particular, esperamos más.