La precaria legalidad del aborto en Puerto Rico

Dedicado a las mujeres españolas que triunfaron en su lucha por defender el aborto.

Los múltiples y demoledores testimonios de las portavoces de estos tres sectores confirman la precariedad de la legalidad del aborto en Puerto Rico. Uno de los índices más claros que evidencian tal situación es el alarmante desconocimiento sobre la legalidad del aborto entre las mujeres (usuarias y no usuarias del servicio). La representante de Taller Salud, Tania Rosario, compartió sus experiencias comunitarias en la región noreste de Puerto Rico, donde frecuentemente recibe consultas de mujeres y hombres preguntando si el aborto es legal en Puerto Rico. Este desconocimiento se ha venido documentado desde el año 2001 en la Segunda Encuesta Nacional de Aborto, y la situación en más de una década no ha mejorado mucho porque también en el sector educativo y médico, en la Escuela de Medicina y otras Escuelas del Recinto de Ciencias Médicas, a la fecha de hoy 2014, escuchamos dudas, confusiones y equivocaciones sobre la legalidad y la práctica del aborto en Puerto Rico.

El hecho de que tal desconocimiento persista en tan diversos grupos sociales y profesionales, refleja el clima de desinformación que se fomenta sobre el aborto desde los medios de comunicación, la enseñanza, la práctica médica y no menos importante, los servicios gubernamentales. Cuando en el 2012 el Partido Nuevo Progresista, aprobó un nuevo código penal y anunció unos llamados “cambios en la ley del aborto” hubo alguna prensa con titulares anunciando la ilegalidad del aborto en Puerto Rico, gracias al “nuevo Código Penal”, cuando en realidad jurídicamente, lo que prevalece en Puerto Rico es la ley federal y la decisión del caso Roe vs. Wade que reconoce el aborto como un derecho para las mujeres, como muy bien saben todos los miembros de la legislatura de Puerta de Tierra. Tengo el vivo recuerdo de las múltiples llamadas que comencé a recibir, incluso de médicas residentes del Recinto de Ciencias Médicas, preguntándome si habían vuelto a criminalizar el aborto en Puerto Rico.

Y lo que es peor, la información, o la supuesta formación sobre estos temas en el sector educativo no es mucho mejor que la prensa. A lo largo de 12 años en la Escuela de Medicina como profesora e investigadora, he escuchado cientos de testimonios de mis estudiantes sobre las películas y conferencias con que se les ha querido adoctrinar, en su mayoría en las escuelas religiosas, con información falsa y manipulada, y desde una sola perspectiva. Hay sus excepciones, pero son las menos. En el propio Recinto de Ciencias Médicas, cursos que se supone estén dedicados a promover el diálogo sobre temas controversiales frecuentes en la práctica de la medicina, consistentemente desvirtúan el enfoque de lo que es el aborto: un asunto de salud pública, un derecho de las mujeres, y un tema sobre el que todos los profesionales de la salud deberían asumir una actitud como facilitadores y no como jueces.

La práctica clínica del aborto en Puerto Rico, según testimonió la médica en el foro, Dra. Yaría Vale, también está condicionada por esta confusión y animosidad. Las clínicas de aborto privadas que hacen la gran mayoría de los abortos, ya que es un servicio que las mujeres siempre tienen que pagar, han sido objeto de políticas de reglamentación que al final no han prevalecido por su carácter inconstitucional, pero que contribuyen a demonizar su imagen y los servicios que ofrecen. Pero sin duda, las más afectadas son las mujeres pobres que cuando acuden al sector público a terminar embarazos por condiciones médicas, o sea, que se tienen que hacer el aborto porque está en riesgo su salud y su vida, solo pueden obtener el servicio si lo pagan ya que ningún seguro médico, ninguno, paga por servicios de aborto, aunque sean, insisto, médicamente indicados.

Para complicar más la situación, los servicios de aborto hospitalarios en el sector público enfrentan el boicot por parte de algunos profesionales de la salud, (los casos más documentados son el sector de enfermería y el sector médico) que se niegan a participar en los procedimientos clínicos, provocando la cancelación y retrasos de procedimientos y peor aún, la erradicación de técnicas clínicas más seguras y mejores para las mujeres que van a un hospital público, que además es un hospital de entrenamiento en las ciencias médicas, por lo que se espera utilice las mejores técnicas clínicas. Las interpretaciones e implementaciones de la ley de aborto que hace el sector hospitalario (negar el derecho a decidir de mujeres menores de 21 años o exigir pruebas a mujeres violadas) son otro ejemplo más de la precariedad legal del aborto en Puerto Rico. Como también es el caso de la ignorancia que prevalece en las instituciones de salud en Puerto Rico sobre lo que es una “ley federal”, la Enmienda Hyde, que aprobada en 1977 (hace 37 años), dispone la posibilidad de que el Estado pague por servicios de aborto para aquellas mujeres con embarazos producto de una violación, incesto o con condiciones que ponen en riesgo su salud y vida. De hecho, el Protocolo de Intervención con Víctimas de Agresión Sexual en Facilidades de Salud elaborado por el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) ni tan siquiera menciona la existencia de esta ley federal que posibilita un beneficio para mujeres en esta situación y que es utilizada en algunos estados de Estados Unidos para facilitar servicios de aborto a mujeres que confrontan estas situaciones.

Obviamente estas prácticas subsisten por razones políticas. Hasta el presente ningún gobernador o gobernadora o legislador de ningún partido político (ni hombre ni mujer) se ha interesado en velar por el cumplimiento de la ley de aborto en Puerto Rico. Por muchos años, en el siglo pasado, en la década del 1960 hasta la legalización del aborto en Estados Unidos, Puerto Rico facilitaba abortos seguros y clandestinos a cientos de mujeres norteamericanas que viajaban a la Isla. El gobierno insular lo sabía y lo permitía. ¿ Y por qué ahora, cuando es legal desde hace casi cuatro décadas, ignora e infringe la ley?

Está claro que con el gobierno no podemos contar. Parece ser que la lucha de denuncia y educación está en las manos de las feministas, grupos como MATRIA y Taller Salud y activistas y algunas médicas, comprometidas con la justicia y el derecho a decidir. También está en las manos de las nuevas generaciones de profesionales de la salud, en especial médicos y enfermeras, todos esos estudiantes que en mis clases han mostrado su indignación por la práctica médica prevaleciente y su interés en atender con respeto y profesionalismo a sus futuras pacientes.

Estamos hablando de un procedimiento que utilizan cerca de 40 millones de mujeres cada año en el mundo que deciden o necesitan terminar con un embarazo. Pero aunque fuera una, la atención tiene que ser respetuosa y digna. El ejemplo reciente dado por España es elocuente donde, gracias a la movilización multitudinaria de feministas, profesionales de la salud, científicos, y políticos de izquierda y hasta de derecha, se logró detener el intento de reformas a la ley que en realidad pretendían hacer inaccesible el aborto a la mayoría de las mujeres. ¡Se puede, sí se puede!

Felicito a MATRIA por haber dedicado su asamblea de 10mo aniversario a este tema, a Taller Salud por su trabajo comunitario, a médicas como la Dra. Yarí Vale, participante en el Foro y confío en todo ese estudiantado joven que poco a poco irá transformando y curando la precariedad legal crónica que padecemos en una práctica médica informada por la ciencia y los derechos de las mujeres.