En noviembre enterramos a nuestras hermanas

¿Qué pasaría si Puerto Rico, en vez de isla estrella, fuese promocionada como la isla donde asesinan a 2 mujeres cada mes? ¿Mantendría su popularidad como destino tropical? ¿Nos visitarían tantas personas? ¿Sentiríamos orgullo?

El pasado 6 de noviembre nuestro país se fue a dormir con la noticia de otra víctima más de la violencia doméstica. Zulimar Vélez Méndez, quien contaba con 23 años de edad y 7 meses de embarazo, recibió un impacto de bala que cobró su vida. Se sospecha que el disparo fue realizado por Sandy Torres Méndez, ex pareja y padre de la criatura que estaba por nacer. Junto con esta terrible noticia nos enteramos que la mujer había solicitado una orden de protección, pero que la retiró supuestamente ante pedidos de la abuela del sospechoso que además enfrenta una probatoria a nivel federal por delitos de narcotráfico. Este permanece bajo la custodia de las autoridades federales, pues se encontró causa probable para la revocación preliminar de su libertad supervisada. Mientras, en la jurisdicción local continúa la investigación sobre el asesinato de Vélez Méndez.

Varios días después de este incidente, El Nuevo Día resaltó en su portada del 11 de noviembre el lanzamiento de un protocolo para atender de manera integral el problema de las agresiones entre parejas. El instrumento es un esfuerzo de la Rama Judicial por atender el problema de manera más integrada, en conjunto con departamentos como la Policía, la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y la Junta de Libertad Bajo Palabra. A pesar que esta iniciativa fue catalogada como «un esfuerzo importante», varias organizaciones de base denunciaron la necesidad de formar parte del protocolo. Específicamente, la organización Coordinadora Paz para la Mujer manifestó que el protocolo no expone cuáles serán las agencias que integrarán el comité interagencial y que tampoco explica quiénes estarán a cargo de evaluar la ejecución del plan.

Pese a que la portada del periódico desplegaba los detalles del protocolo, el editorial de la misma edición del 11 de noviembre publicó una columna titulada Cero tolerancia con los Agresores. En esta, una vez más nos responsabilizan a las mujeres por prevenir actos de violencia que podrían costarnos la vida. Este discurso de colocar el peso de erradicar la violencia sobre nuestros hombros es trillado, desacertado y falaz. Peor aún, continúa perpetuando estereotipos, estigmas y rechazo hacia las víctimas y sobrevivientes de violencia en vez de educar sobre el grave problema que enfrentamos como sociedad.

Durante el año 1981 varias organizaciones feministas en América Latina y el Caribe reconocieron el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Más Violencia Contra la Mujer. Posteriormente, en 1999 la Organización de las Naciones Unidas designó oficialmente este día mediante la Resolución 54/134. Desde entonces, colectivos feministas y de mujeres han utilizado el mes de noviembre como plataforma para enmarcar actividades dirigidas a orientar, prevenir y concienciar a toda la población. Sin embargo, precisamente en noviembre nos toca señalar una vez más que otra compañera murió a manos de su ex pareja. ¿Qué sucede? ¿Acaso nos acostumbramos a enterrar hermanas -cada vez más seguido- víctimas de la violencia doméstica y la violencia de género?

Aquí mejor que allá

Puerto Rico ha experimentado momentos de grandes avances en la lucha feminista y por los derechos de las mujeres. Sin embargo, hay muchos –¡y muchas!- que consideran el feminismo como un asunto aislado y de grupos de féminas rabiosas, danzando frente al fuego y quemando prendas de vestir. No alcanzamos entender que el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres nos benefician a todas y a todos. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a noticias sobre la situación de niñas y adultas en países en desarrollo, particularmente los de Oriente Medio, solemos sentir alivio y pensamos que aquí estamos mejor. Posiblemente se debe a la manipulación de los problemas exteriores a través de los medios de comunicación y a las expresiones de países más poderosos, los cuales suelen utilizar el discurso de los derechos humanos como punta de lanza para la invasión e intervención militar.1 Ese pensamiento del qué bueno que aquí eso no pasa resulta ser conformista a la vez que nos desvía de la realidad que se vive en Puerto Rico. Aquí, en nuestro patio, cifras oficiales de la Oficina de Administración de Tribunales evidencian que en el periodo que comprende los años 2008-2012, los Tribunales de Primera Instancia resolvieron 18,192 casos criminales por el delito de violencia doméstica al amparo de la Ley 54. Asimismo, durante los pasados cuatro años se atendieron 142,692 solicitudes de órdenes de protección y se expidieron 99,182 bajo la misma ley; es decir, casi 25 mil órdenes de protección al año. Pero hay más. Al amparo de la Ley de Acecho (Ley 284-1999) los tribunales de primera instancia expidieron 88,181 órdenes de protección en el mismo periodo.  ¿Realmente nuestras condiciones son más favorables o es que desconocemos datos precisos sobre la violencia de género y la violencia doméstica en Puerto Rico? Luego de leer estas cifras, ¿aún piensas que es un asunto aislado, mínimo y que sólo afecta a las mujeres? Los patrones de subordinación y dominación se repiten en edades cada vez más tempranas. Mientras esto sucede, aún no se incorpora un currículo con perspectiva de género en las escuelas de Puerto Rico. De hecho, la inacción por parte del gobierno fue señalada en una columna de 80grados titulada Perspectiva de género: una promesa por cumplir. Este incumplimiento no se debe a falta de recursos o de profesionales con preparación en evaluación curricular y género. En el país contamos con profesionales como Loida Martínez Ramos, quien ha sido Catedrática en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Además, Martínez Ramos ha realizado múltiples investigaciones sobre la integración de equidad por género en el currículo.2

Entonces, ¿qué hacemos?

Resulta fácil el ejercicio del reproche y el apabullamiento de las herramientas que existen. Una orden de protección funciona si la entendemos como un asunto de todas y todos. Antes de criticar este mecanismo nos corresponde analizar por qué existe. Más aún, previo a señalar a las mujeres por las agresiones físicas y sexuales a las que son sometidas debemos tomar acción colectiva y en comunidad. ¿Qué tal si cultivamos una cultura que eduque a los hombres a no violar, golpear ni asesinar? ¿Qué sucedería si criamos a nuestros hijos e hijas desde una perspectiva humanizada que valore y respete la vida de mujeres y hombres? ¿Cuándo liberaremos a las mujeres de prevenir actos violentos, de tener que utilizar cinturones de castidad para evitar agresiones sexuales o de leer los pensamientos de posibles agresores para anticipar sus actos? Los comentarios de la Coordinadora evidencian que las organizaciones de base están comprometidas en educar y trabajar por vindicar los derechos de las mujeres. Sin embargo, su esfuerzo se diluye en la medida en que el Estado no inserta a estos grupos en los procesos de planificación e implantación de estrategias. Un plan interagencial puede beneficiarse grandemente si se escucha y se consideran las aportaciones de quienes han trabajado por años en estas luchas.

Nuestra cultura machista y patriarcal nos encierra. Ya no sólo nos corresponde medir cada paso, cómo vestimos, qué lugares frecuentamos o si podemos salir a ejercitarnos solas —por ejemplo— sino que ahora también debemos convertirnos en investigadoras privadas a fin de conocer al detalle el pasado de posibles parejas. Ante un cuadro de este tipo, que abiertamente nos imputa obligaciones por la violencia ejercida contra nosotras, es vergonzoso señalar a una mujer por haber detenido el procedimiento de una orden de protección. Juzgarla y cuestionar su juicio contribuye muy poco a erradicar la violencia.  Por otro lado, comentarios sobre la poca efectividad de las órdenes de protección quedan en el vacío cuando únicamente somos nosotras las garantes de nuestro bienestar. Además, incentivan el silencio y la desconfianza en los mecanismos disponibles para erradicar la violencia.

Para que una orden de protección salve vidas es necesario que haya un esfuerzo conjunto; que reflexionemos en cómo el lenguaje juega un rol importantísimo en nuestra percepción de los hechos y en los juicios valorativos que realizamos constantemente. «Ella debió escoger una pareja mejor», «¿Por qué no terminó la relación?» o «No digo que ella es responsable, pero no debía caminar sola ni vestirse así» son expresiones que nos culpan por la violencia ejercida sobre nuestros cuerpos y nuestro entorno.  Quienes se expresan de esta forma quizás desconocen que terminar una relación con el agresor suele propulsar su necesidad de mantener el control, lo cual se manifiesta en actos violentos y hasta fatales.3 Por otro lado, podrían también pasar por alto los múltiples casos de agresiones sexuales por parte de personas allegadas a las víctimas, particularmente por agresores que son del mismo núcleo familiar. A esas memorias rotas, bien podría ayudarles leer los titulares en la prensa para que den cuenta de la frecuencia de los actos de violencia contra la niñez y las mujeres.

Transformemos nuestro lenguaje

Debemos adoptar un cambio de discurso y afirmar que las órdenes de protección sí funcionan. Más aún, es importante conocer que prohibirle a una mujer que pueda retirar una orden de protección no solucionará el problema. En cambio, una iniciativa de este tipo podría ser percibida como una intervención paternalista del Estado y un cuestionamiento sobre la capacidad de las mujeres. Además, ello podría disuadir a víctimas a pedir este remedio por entender que sólo pueden solicitar una orden de protección sólo cuando su vida está en peligro inminente. Así, restringir la voluntad de las mujeres derrotaría iniciativas de prevención y protección a la vez que truncaría procesos de autogestión y apoderamiento.

Existen iniciativas diversas para educar sobre las órdenes de protección como ejercicio colectivo y de transformación. Por ejemplo, el año pasado la Coordinadora lanzó el video La Orden a fin de visibilizar a quienes cuentan con una orden de protección o que están en proceso de solicitarla. Además, esta organización ha diseñado planes de escape y material educativo sobre trata humana, violencia a mayores de 65 años, abuso sexual, acoso cibernético, violación sexual a mujeres con impedimentos, hogares y albergues, entre otros temas. (Este material puede accederse en este enlace. Para acceder a un directorio de organizaciones que ofrecen servicios de orientación y ayuda consulte este recurso). Igualmente, es necesario discutir con el mismo fervor temas como la violencia en relaciones de adolescentes y entre parejas del mismo sexo. Apremia que denunciemos e investiguemos sobre la prostitución, la agresión sexual y la trata humana como modalidades de la violencia de género. Hace mucho nos corresponde desmitificar las nociones de subordinación que responsabilizan a las mujeres por la violencia que sufrimos. El protocolo así como otras iniciativas del gobierno deben implementarse concertadamente, con distintas organizaciones de base, para que logren resultados.

El lenguaje nunca es inocente. Nuestras vidas exigen que en conjunto –todas las personas– trabajemos por educar y concienciar a la población sobre la gravedad de la situación de violencia contra nosotras. La crítica desierta obstaculiza iniciativas de concienciación para proteger y apoderar a las personas que se encuentran en ambientes violentos. El discurso patriarcal y androcéntrico perpetúa la noción de que los hombres son seres irracionales e incapaces de controlar su comportamiento. Además, instaura en el imaginario colectivo que las agresiones contra las mujeres son producto de las pasiones de los hombres más no de un ejercicio de dominación y de construir la masculinidad a partir de la transgresión del cuerpo femenino. Peor aún, provee un pie forzado para que las personas justifiquen las atrocidades que se cometen contra nosotras bajo la premisa de que las mujeres somos propiedad de los hombres y que éstos pueden disponer de nuestro bienestar y nuestra vida a su antojo. Es tiempo de apropiarnos de las palabras escritas y habladas. Conversemos afirmativamente, con certeza; seguras y seguros en que todas somos seres independientes, dignas y merecedoras de una vida sin violencia. Nos corresponde agujerear las burbujas conformistas, aquellas que inclinan a algunas personas a pensar que la situación de violencia contra las mujeres en Puerto Rico no está tan mal como allá. ¡Denunciemos!

Por todas y por nosotras. Es urgente.

Luego de redactar estas palabras, trascendió que, en la noche del pasado 18 de noviembre, la Policía halló el cuerpo de Ivonne Negrón Cintrón a quien su hijo reportó desaparecida varios días antes. La mujer fue vilmente asesinada por Juan Ramos Álamo, vecino de ésta y quien confesó el crimen a las autoridades.