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Columnista
Obtuvo su Maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico. Su tesina de maestría versa sobre las objeciones del liberalismo a la justiciabilidad de derechos ambientales. Es Profesor de una Clínica de Desarrollo Económico Comunitario en la Escuela de Derecho de la UPR, la cual ofrece asesoría legal a proyectos de autogestión y desarrollo empresarial en comunidades de escasos recursos. También imparte cursos de Ciencia Política y Derecho en la UIPR, Recinto de San Germán y en la USC. Ejerce como abogado, principalmente en controversias de Derecho Constitucional, Administrativo, Ambiental y en casos sobre desalojos forzosos. Además, es Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA), Inc., entidad que provee asesoramiento y representación legal gratuita a sectores de escasos recursos en asuntos de Justicia ambiental, y que colabora en procesos de organización y apoderamiento comunitario.
Un examen de los ‘espacios y momentos apropiados’ de participación en los procesos de toma de decisiones revela que, lejos de facilitar la intervención de voces, parecen estar diseñados para restringir la deliberación.
Al votar a favor del PPD y sus candidatos/as, el Pueblo no emitió mandato alguno a favor de la reforma legislativa o de cualquier otra propuesta incluida en su Programa de Gobierno, estemos o no de acuerdo con la misma.
Tanto la “nueva mayoría” en el Tribunal como la nueva administración del PPD, tienen la gran responsabilidad de restaurar la credibilidad del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Ana Irma ganó, vale la pena repetirlo. Ganamos todos y todas. Ganó el Colegio. Ganó el “nuevo Colegio”. Ahora, a trabajar por nuestra institución.
Votar a favor de la enmienda no mejora nuestra Rama Legislativa, sino todo lo contrario. No reduce sus gastos y la hace más exclusiva, un club privado en el cual cada legislador/a tendrá más poder.
En el tribunal, el universo de mecanismos procesales efectivamente disponibles para las partes es desigual, no porque ambas partes no puedan hacer uso de ellos, sino porque los tribunales generalmente sólo acuden al llamado de algunas partes o intereses.
Debemos examinar los problemas que han surgido como resultado de la importación, sin más, de la normativa estadounidense en torno a la “legitimación activa”.
Fundada en 1966, Servicios Legales de Puerto Rico ha sido y es el espacio más importante para el asesoramiento y la representación legal gratuita de los sectores más desaventajados de nuestra sociedad.
El Estado nos ha provisto de un contexto adicional para la marcha: la presentación de peticiones de expropiación a las comunidades que residen en los terrenos por los cuales se construirá el gasoducto.
El panorama, debe decirse, no es del todo sombrío. Ante el cierre de las instituciones históricas de trabajo jurídico en apoyo de los y las pobres, han surgido nuevos espacios.
Si nos cierran las calles… hacemos nuevos caminos. Y, mientras lo hacemos, no nos olvidemos de ser inclusivos, y de incorporar modelos verdaderamente participativos y deliberativos. Sólo así marcharemos hacia la democratización de nuestro País.
Mi relato no es excepcional. En estos tiempos, todo abogado o abogada progresista tiene su Paseo Caribe. La lista de decisiones contrarias a los intereses de las comunidades pobres, el ambientalismo, la clase trabajadora, el feminismo, la comunidad lgbtti, el movimiento estudiantil y los derechos humanos en general, se reputa interminable.
