En ocasiones, el dilema es soportar el hostigamiento o estar desempleada, y esto no debería pasarle a ninguna mujer.
En ocasiones, el dilema es soportar el hostigamiento o estar desempleada, y esto no debería pasarle a ninguna mujer.
Rescatar del terreno de lo jurídico discusiones que deben darse en el terreno político es fundamental si queremos ampliar y radicalizar la democracia.
El silencio del Estado en cuanto a la implementación del currículo escolar con perspectiva de género en general y la inclusión de las sexualidades e identidades queer en particular, es ensordecedor.
El País somos todas y todos y si las medidas de austeridad ahorcan a la ciudadanía, ahorcan al País.
En un país donde la pobreza está feminizada y los índices de violencia son alarmantes, debe cuestionarse el impacto del cierre de tribunales sobre las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.
La libertad para criar debe estar enmarcada dentro de unos parámetros ético-políticos guiados por el principio de la dignidad humana y el Estado tiene esa responsabilidad.
Es necesario mirar la determinación del Tribunal desde una mirada que trascienda a los Testigos de Jehová, mirarla desde la amenaza de la pérdida de ese estar en el mundo.
Es indispensable una reestructuración de la Procuraduría o la creación de nuevos espacios institucionales que permitan un mayor desarrollo de derechos y políticas públicas que abran caminos hacia la equidad.
Debemos empezar por retar la normalidad y exigir que el factor político partidista quede fuera de los criterios necesarios para nominar a un juez o a una jueza.
Exigirle al Estado la implementación de un currículo escolar y políticas educativas y estatales con perspectiva de género es un asunto de derechos y democracia.
Esta Reforma es a los servidores públicos afectados lo que la Ley 7-2009 fue a los más de 30,000 empleados cesanteados: una estocada que, sin miramiento alguno, pone el peso del desastre en los más débiles.