El Gobierno de Puerto Rico enfrenta hoy una debacle fiscal que afecta directamente y a diario a sus ciudadanos por la negligencia sostenida de funcionarios clave durante, al menos, los pasados 15 años. Nadie ha sido referido o amonestado, investigado, ni procesado por lo que, según las leyes vigentes, podrían ser delitos.
El CPI radicó este lunes una moción de reconsideración ante la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Aileen Navas, en la cual le pide que revise dos de las peticiones de información que ésta había desestimado.
El presidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti, sostiene que el Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo que fracasó en San Juan comenzará “correctamente” en el Corredor Ecológico del Noreste y la Reserva Agrícola del Sur.
El magistrado admitió haber aceptado un puesto en la Junta de Directores del Museo de Transportación del Municipio, pero no se inhibió.
Los demandantes solicitan la totalidad de los documentos relacionados a la investigación que condujo durante seis meses la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sobre la firma UBS Financial Services en Puerto Rico.
Si vamos a tener un déficit de democracia (un estado de excepción), nosotros, los ciudadanos, debemos ser el superávit crítico que contrarreste ese ejercicio ilegítimo del poder.
La lucha contra la deuda pública colonial requiere como cursos de acción: la educación, organización y movilización popular, y la constitución de una nueva mayoría política y una Asamblea Constituyente.
La crisis de legitimidad del Derecho penal en estos momentos es insostenible, por lo que es imperativo crear mecanismos políticos que puedan derrumbar al máximo esa alienación legal que existe entre amplios sectores sociales y la norma que es aprobada bajo el esquema de élite antes visto.
El reglamento para poner las carpetas a la disposición del público debe ser aprobado en los próximos días.
Ningún ciudadano tiene que demostrar para qué quiere un documento público que solicita al estado o cuál es su interés en el mismo, sino que es el funcionario público quien tiene que probar la necesidad del Gobierno de mantenerlo en secreto.
Para una ciudadanía activa que valora y defiende sus derechos, la información es fundamental. Esta es la lógica tras el desarrollo de varias herramientas dirigidas a grupos con limitaciones en su acceso a la justicia.
Mi preocupación va dirigida buscar soluciones solidarias viables en las tres áreas señaladas: la deuda pública, la adición a las drogas y el narcotráfico, y la balcanización de nuestra nacionalidad mediante la migración.
La libertad para criar debe estar enmarcada dentro de unos parámetros ético-políticos guiados por el principio de la dignidad humana y el Estado tiene esa responsabilidad.
Ante el deceso de la líder comunitaria y ambiental Haydée Colón, Érika Fontánez comparte fragmentos de entrevistas y conversaciones en las que participaron juntas, en defensa del medioambiente.
El artista necesita del encuentro espontáneo (o planificado) con la ciudad, para que juntos, en esa coincidencia geográfica, produzcan espacio público, gocen de su diversidad, de su elocuencia, y de lo irrepetible y transgresor del momento.
Es indispensable una reestructuración de la Procuraduría o la creación de nuevos espacios institucionales que permitan un mayor desarrollo de derechos y políticas públicas que abran caminos hacia la equidad.
Mensaje pronunciado ante la tumba de Carlos Muñiz Valera en ocasión del 35 aniversario de su asesinato, aún sin esclarecer.
Debemos empezar por retar la normalidad y exigir que el factor político partidista quede fuera de los criterios necesarios para nominar a un juez o a una jueza.
Básicamente todas las estudiantes y abogadas estuvimos de acuerdo en que, en algún momento de nuestras carreras, habíamos recibido trato discriminatorio, tanto de profesores como de pares.