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Columnista
Es abogado, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de maestría de la Universidad de Harvard. Fue oficial jurídico en el Tribunal Supremo en los años 90. Ha impartido cursos de sistema constitucional de Puerto Rico y Estados Unidos en la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras.
El pequeño Martin Richard en su memorable foto sostenía una cartulina que únicamente leía: “No more hurting people. Peace”. Así, sin cualificar, sencillamente, sin condiciones, sin excepciones de tipo alguno.
Mientras son oposición, los políticos prometen que procesarán las violaciones y excesos de los gobernantes. Sin embargo, cuando son gobierno, casi nunca pasa nada.
Parece que en Puerto Rico ya está decidido que los lobos tienen el derecho propietario adquirido a vivir de las ovejas; y los chivos, el de repartirse las lechugas que quedan a su cuidado.
En aras de restituir la credibilidad de nuestro sistema democrático, no debe soslayarse la importancia de obligar a los gobernantes a que se comprometan con un programa, con el cumplimiento de sus compromisos.
Un amigo me llamó “aguafiestas”. Quizá lo sea. Pero no creo que la derrota momentánea del PNP, a base del apoyo de votantes de izquierda al PPD, merezca tanta celebración y algarabía.
Crear un tribunal compuesto por juristas de intachable reputación, desvinculados de la política partidista y nombrados con el consenso de la sociedad civil, resolvería la legitimidad de nuestro Tribunal Supremo.
Tendríamos que aprender a desoír los cantos de sirena de quienes con su invitación a que ejerzamos un mal llamado “voto útil”, pretenden que nos sigamos estrellando contra las mismas piedras.
Entre las propuestas de nuestra sociedad civil y las experiencias de las nuevas democracias latinoamericanas encontraremos elementos que nos permitirán construir una verdadera democracia al servicio del pueblo.
Los partidos dominantes en Puerto Rico no sólo han contribuido a crear electores con actitud jaiba frente al imperio, sino también con respecto a los procesos internos en Puerto Rico.
Similar al síndrome de la persona maltratada, como país igualmente seguimos perdonando el maltrato con la falsa esperanza de que llegue el día en quienes nos gobiernan enmienden sus conductas.
El pueblo no tiene por qué renunciar a sus derechos básicos a favor de una clase política demagoga e incapaz de proponer soluciones sensatas al problema de la criminalidad.
Resulta escandaloso que la rama judicial no sea capaz de defender su integridad y su espacio en la menguada democracia puertorriqueña y se rinda mansamente a los designios de la clase política.
El problema de los tribunales no es la administración PNP actual, burda y autoritaria. El problema es la estructura misma de nuestro sistema político constitucional.
